| Foto: Archivo | Con información de: TuInfou |
La justicia venezolana ha solicitado a Interpol que emita alertas rojas contra el presidente de Argentina, Javier Milei, así como contra dos altas funcionarias de su gobierno, debido a su supuesta implicación en el «robo» de un avión que pertenece al Estado venezolano.
En concreto, se ha pedido el arresto del presidente Milei, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, por presuntos crímenes de lesa humanidad y el mencionado «robo» del avión estatal.
El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, anunció en una conferencia de prensa que han solicitado la inclusión de estos individuos en el sistema de alerta roja de Interpol. “La solicitud ya ha sido enviada; ahora esperamos la respuesta de Interpol”, indicó.
Este pronunciamiento se produce tras una orden similar emitida por la justicia argentina para proceder con la captura con fines de extradición del presidente venezolano Nicolás Maduro y del ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, basándose en la jurisdicción internacional en materia de derechos humanos por su presunta participación en crímenes contra la humanidad.
Saab calificó la decisión argentina como un acto de “venganza” hacia Venezuela, especialmente después de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) venezolano decidiera solicitar medidas restrictivas contra Milei y sus funcionarias. “Eres un copión, al igual que aquellos alumnos que se copian del más aventajado”, expresó Saab.
Asimismo, criticó un reciente informe de la Misión Internacional Independiente sobre Venezuela (FFM), presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que sostiene que las violaciones a los derechos humanos en el país se han intensificado tras las controvertidas elecciones presidenciales del 28 de julio.
Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores venezolano calificó como «irregular» la decisión judicial argentina y afirmó que carece de fundamentos legales, al tiempo que viola las jurisdicciones estatales y los privilegios propios de los presidentes y altos funcionarios. “Esta absurda decisión busca socavar el estado de derecho internacional y sustituir las competencias de organismos multilaterales”, señala el comunicado.
Finalmente, la fiscalía venezolana está investigando a los tres funcionarios argentinos por presuntos delitos como robo agravado, legitimación de capitales, privación ilegítima de libertad, simulación de hechos punibles, interferencia ilícita, inutilización de aeronaves y asociación delictiva.